El millonario ‘falso positivo’ neivano

No es la primera vez que en Neiva se comete un ‘falso positivo’. Esta vez, en una sentencia inédita el Tribunal Administrativo del Huila hizo justicia a favor de quien fue enjuiciado y privado de su libertad ilegalmente: Juan Bautista Males Anacona.

El 15 de febrero de 2003 fue un aciago día para Males Anacona. Activos del extinto DAS, lo siguieron y finalmente lo detuvieron supuestamente por ser un miliciano de las Farc y por incurrir en uno de los delitos más graves, el de rebelión.

Lo separaron de su familia y lo pusieron tras las rejas y en menos de ocho días (el 22 de febrero) la Fiscalía Cuarta Especializada de Neiva decidió su situación jurídica determinando que era viable la privación de su libertad.

Un año después, el 6 de febrero de 2004, la Fiscalía Cuarta Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito Especializado profirió resolución de acusación. Al año siguiente, el 12 de abril de 2005, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pitalito lo absolvió y volvió a recobrar la libertad.

Durante todo este tiempo de ausencia de su familia, no solo tuvo que soportar el peso de estar en la cárcel, sino el ver que su familia se arruinaba pues ya no podía aportar económicamente. Así, tuvo que ver cómo vendía la casa y pasaban dificultades por no poder trabajar.

La demanda ante el Tribunal

Por las dificultades que tuvo que pasar preso de la libertad, en 2007 Juan Bautista Males Anacona demandó a la Nación por todos los daños materiales y morales sufridos.

De esta forma en las pretensiones aparecieron como demandantes su esposa, María Rubiela Golondrino; sus hijos Viviana Marcela, Luisa Fernanda, Jhon Fredy, Dadner Ferney, Ingrith Yurani; su madre Domiciana Anacona; y sus hermanos María Inés, Rosalva, Demetrio y Lino. Todas las pretensiones alcanzaron los $637 millones.

El factor de competencia

La verdad, la razón principal para que el juzgado penal lo absolviera estuvo en que según los hechos, él cometió la conducta punible en Villalobos (Cauca) pero lo juzgaron en el Huila, es decir, por el factor jurídico de competencia debieron juzgarlo en el vecino departamento.

“Se les levantaron cargos por haber supuestamente adelantado conductas delictivas, unas al sur de este departamento- especialmente en el municipio de San Agustín, por similares comportamientos rebeldes en San Juan de Villalobos, que como bien se sabe, corresponde al departamento del Cauca”, afirma en una de sus partes la providencia.

Luego aseguran “sobre el segundo aspecto, se vincularon a María Leonor Guturre y Juan Bautista Males, residente ambos en la región de Villalobos, de quienes se afirman tenían la condición de milicianos, y desarrollaban actividades en el lugar ya mencionado”, dice la sentencia.

La segunda instancia

La providencia del Tribunal Administrativo del Huila es la primera instancia, lo que significa que de apelarse esta decisión el Consejo de Estado entraría a definir la suma endilgada a la Nación, representada en este caso a la Fiscalía General de la Nación.

Sobra decir, que luego de ser favorable la decisión el Estado repetirá contra aquellos funcionarios de la Fiscalía que dejaron de hacer su trabajo correctamente y permitieron que Males Anacona fuera privado injustamente de la libertad.

Las demandas en cifras

A junio 30 de 2014 existían en contra de la Nación 339.452 procesos judiciales en su contra con pretensiones que ascienden a $201 billones.

Tan solo en la ciudad de Cali se registran 43.731 procesos judiciales en contra de la Nación, es decir, el 12% de los procesos nacionales.

Cali reporta una litigiosidad de $14,6 billones en pretensiones (7% de las pretensiones del país). El Departamento de Valle, excluyendo la ciudad de Cali, tiene 2884 procesos judiciales en contra por $600.000 millones en pretensiones.

En Cali se registran 32 procesos de los más grandes del país, cuyas pretensiones suman $9,7 billones de pesos.

Las 10 entidades más demandadas

Instituto de Seguros social en liquidación:                          100.708 demandas

Fondo de prestaciones sociales del magisterio:                    23.609

Caja de Retiro de las Fuerzas Militares:                               14.902

Caja Nacional de Previsión Social en liquidación:                  12.508

Administradora Colombina de Pensiones:                             36.073

Caja de Sueldos de Retiro de la Policía:                                3.554

Ministerio de Defensa Nacional:                                             21.145

Fiscalía General de la Nación:                                                 20.819

Policía Nacional:                                                                    16.183

Las más demandadas en 2014

Entre el Instituto de Seguros Sociales, el Fondo de prestaciones sociales del magisterio, Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, Caja Nacional de Previsión Social en liquidación, Administradora Colombina de Pensiones, Caja de Sueldos de Retiro de la Policía, Ministerio de Defensa Nacional, Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional y la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social hay hasta la fecha 339.452 demandas. Estas acciones judiciales podrían costarle al Estado $203 millones.

En 2013 se cancelaron $1,19 billones y estuvo a la cabeza del Ranking el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación que con 100,708 demandas vuelve y repite este año, en el que acumula 972 casos más. La principal razón estaría en el déficit del sistema pensional.

Las demandas contra el Estado

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado -ANDJE- ha venido trabajando arduamente durante los 2 últimos años en la depuración y verificación de las demandas que cursan actualmente contra la Nación.

En este sentido, hoy en Cali las directoras de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, darán una rueda de prensa en el Hotel Intercontinental de Cali a las 10:00 de la mañana, en el marco de la Presentación del Nuevo Sistema de Gestión e Información Litigiosa eKOGUI, evento donde se mostrarán los principales servicios que ofrece el Sistema y el resultado de diferentes investigaciones que ha adelantado la Entidad frente a la alta litigiosidad que enfrenta el Estado.

También presentará las cifras de cuáles son las entidades nacionales más demandadas de la región, lista que encabeza el Instituto de Seguro Social, las entidades con mayores pretensiones en contra, donde el primer lugar lo ocupa el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Otros datos relevantes y demás conclusiones a las que ha llegado a la Agencia en cuanto a la litigiosidad contra entidades del orden central que se presenta en el Valle del Cauca, serán presentados en la rueda de prensa, a la cual están invitados todos los medios de comunicación regionales y nacionales.