Duros cuestionamientos contra proyecto de reforma a equilibrio de poderes
Fuertes cuestionamientos a la norma que reglamentará el proyecto de reforma al equilibrio de poderes, hizo el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Fernández Carlier. Para él, tiene aspectos que perjudican gravemente a los trabajadores de la rama judicial.
El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Fernández Carlier, hizo una serie de duros cuestionamientos al proyecto de equilibrio de poderes en el marco de un evento con magistrados de justicia y paz, en Barichara (Santander). En la jornada, Fernández Carlier dijo que fue designado coordinador para representar a la Corte en la discusión de la ley estatutaria de administración de justicia que reglamentará el equilibrio de poderes, informó el periódico El Tiempo.
El magistrado aseguró que el proyecto del gobierno nacional “tiene unas disposiciones que afectan los derechos de los jueces y la estabilidad laboral” y cuestionó, por ejemplo, que el nuevo gerente de la Rama tiene facultades para trasladar a los jueces a cualquier región del país “sin tener en cuenta su familia, todo el entorno y además, en juicios donde el conocimiento del proceso es fundamental”.
Asimismo, también fue enfático en cuestionar los procedimientos y que, además, se pueden ordenar transformaciones en los despachos pasando “de la noche a la mañana” de juez penal a uno de familia. “Si llevamos 30 años estudiando derecho penal y no sabemos derecho penal, ¿cómo será administrando justicia civil de la noche a la mañana?”, aseguró, al tiempo que resaltó que la Rama no puede permitir que se elijan a los dignatarios del poder judicial por una fórmula matemática, indicando que serán designados tres abogados litigantes, tres docentes y tres de la judicatura, expresó dicho medio de comunicación.
“Esos honores no se deben distribuir por fórmulas matemáticas sino por conocimientos, experiencia y formación”, dijo Fernández Carlier. Finalmente, cuestionó que en la nueva reglamentación se elimina el capítulo sobre la responsabilidad civil de los funcionarios judiciales y que ponen en riesgo a los jueces. “Eliminada esa regulación, queda vigente la jurisprudencia del Consejo de Estado y por esa vía, nos llevan a todos los funcionarios judiciales”, señaló.
