Desarme y desmovilización de FARC costaría $2,7 billones

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La Contraloría General de la República indicó que el costo económico que tendría que invertir el estado en el proceso de desarme, desmovilización y reintegración en Colombia para los miembros de las FARC, oscila entre $1.8 y 2.7 billones.

A través de un Estudio Sectorial sobre la Política Pública de Desarme, Desmovilización y Reintegración en Colombia de 2006 a junio de 2014, el organismo de control señaló que aunque dicha cifra económica no corresponde a la totalidad de los recursos requeridos, sí hace parte de los programas que contempla la mencionada política pública.

Por otro lado, si se tiene en cuenta que durante dicho período (de 2006 a junio de 2014) se desmovilizaron e ingresaron a la Ruta de Reintegración 34.281 personas, el ente estimó que la inversión promedio realizada por el Estado para efectuar el proceso fue de $66,7 millones por persona.

Asimismo, el estudio corroboró que los desmovilizados han entregado sus bienes a la Fiscalía y esta al Fondo de Reparación, dando como resultado un valor menor en comparación al monto de las indemnizaciones giradas; y que una alta proporción del valor de las sentencias de Justicia y Paz se ha financiado con recursos del presupuesto nacional y no con los bienes entregados por los desmovilizados condenados en dichas sentencias.

Finalmente, el estudio llevado a cabo por la Contraloría arrojó otra serie de conclusiones, una de ellas, que "con relación a la implementación de la Ley de Justicia y Paz, se observa que una alta proporción de los desmovilizados postulados a recibir beneficios, han sido excluidos de estos procesos judiciales, debido a que han renunciado o incumplido con los requisitos exigidos, luego de la verificación realizada".

Otra conclusión aduce que "con base en la información disponible, se estima que una proporción significativa de los recursos ejecutados por la Agencia Colombiana para la Reintegración, se dirigió a los apoyos económicos para las personas vinculadas al proceso".

"La reintegración a la vida civil de las personas desmovilizadas de los grupos armados al margen de la Ley exige una intervención integral por parte del Estado colombiano, que permita: a) la recuperación de los vínculos con su entorno familiar y social, b) la generación de capacidades y oportunidades para incorporarse a la actividad económica y c) desarrollar amplios conocimientos sobre sus deberes y derechos frente al resto de la sociedad". También, "resulta indispensable un alto compromiso de los desmovilizados que participan en dichos procesos, el cual surge de un deseo auténtico de reconciliación y construcción de un nuevo proyecto de vida", señaló el estudio.