Contrato de aseo, en el ojo de la Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación preliminar contra el gerente de las Empresas Públicas de Neiva, Aurelio Navarro Cuéllar y contra el comité evaluador de las propuestas que terminaron adjudicando el contrato de aseo a la firma Ciudad Limpia.

La indagación busca determinar si hubo irregularidades en la adjudicación del contrato de aseo, cuyo objeto es la recolección y disposición de las basuras de Neiva y los corregimientos de Fortalecillas y El Caguán, durante los próximos 20 años.

La indagación está motivada en el informe realizado por el Procurador Provincial de Neiva, quien adelantó un seguimiento excepcional al proceso y por la queja elevada por Karim Alfonso Hayek, apoderado de la firma Interaseo, la que no resultó favorecida en la licitación.

Dentro de los hechos a investigar está el posible incumplimiento de criterios fijados por la Corte Constitucional, “toda vez que no se observan acciones  afirmativas reales y concretas tendientes a proteger la población recicladora de la ciudad de Neiva”. También indagarán si al momento de adjudicar se omitió el Plan Integral de Residuos Sólidos del municipio de Neiva, lo que iría en contravía de criterios ambientales estipulados por la ley.

Otra de las denuncias que ahora investiga la Procuraduría es la posible omisión de parte de Ciudad Limpia –ganadora del contrato- quien no habría presentado propuesta de fórmula tarifaria, como lo exige la ley y las normas, más cuando el proponente ganador recibió de las Empresas Públicas de Neiva bienes, como el relleno sanitario y la misma licencia ambiental para operarlo, lo que debía generar un beneficio tarifario para la población.

Pero tal vez lo más grave de la indagación es que a juicio del Ministerio Público no existiría un sustento que confirme las razones que llevaron a EPN y al alcalde de Neiva a pactar el contrato a 20 años, cuando los estudios previos contratados indicaban que el máximo de tiempo debía ser de 15 años. “Al parecer no existe una justificación técnica para haber tomado tal decisión”, dice la Procuraduría.

También indagarán sobre la denuncia presentada por el apoderado de Interaseo, quien asegura que el comité evaluador declaró inhábil a la empresa que él representa, alegando sustentos jurídicos contemplados en la Ley 80 de 1993, cuando para el caso dicha normatividad no era aplicable como lo había indicado el mismo Consejo de Estado, en sentencia que Interaseo presentó a las EPN en momento oportuno.

La indagación compromete a los miembros del comité evaluador integrado por Ernesto Cárdenas,  Javier Mauricio Cardozo, Alexánder Soto, María Welkis Perdomo, Alejandro Serna y Miguel Humberto Téllez, así como al actual gerente Aurelio Navarro Cuéllar.

En los próximos días se conocerá si la Procuraduría compulsa copias a la Fiscalía para que los ahora encartados también sean investigados penalmente.