Contraloría alertó por manejo de recursos para educación en el Huila

La Contraloría del Huila, máximo organismo de control fiscal territorial en el departamento, realizó ayer su rendición de cuentas durante la vigencia 2012-2015. La contralora departamental, Indira Burbano Montenegro, resaltó los principales procesos misionales desarrollados durante ese período y manifestó que en torno al organismo ya emergen grandes retos y desafíos que se tendrán que afrontar en la próxima administración departamental, frente al control fiscal en el Huila.

En la rendición de cuentas, la cual se centró en el plan estratégico denominado Transparencia y Efectividad en el control fiscal, se dieron a conocer los resultados en procesos de auditoría, responsabilidad fiscal, cobros coactivos, gestión de peticiones, quejas y denuncias; talento humano, ejecución de ingresos, ejecución presupuestal y los resultados generales del proceso auditor llevado a cabo por la Auditoría General de la República.

Detrimento al patrimonio público

De acuerdo con las cifras expuestas, de las 515 auditorías realizadas en los últimos cuatro años, el valor del presunto detrimento al patrimonio público fue de $16.693’153.072. De igual forma, se emitieron en ese mismo período fallos con responsabilidad fiscal en un valor cercano a los 1207 millones de pesos. Mientras que por cobro coactivo, el monto de recuperación por entidades afectadas fue de $912’857.707, siendo 2015 el año en el cual se realizaron los mayores cobros en esta materia.

Frente a transparencia y manejo de recursos públicos, la contralora departamental expresó que Gigante ocupó el primer lugar en el listado de municipios con la mejor gestión fiscal, mayor independencia frente a los recursos de la nación y en ese sentido, mayor fortalecimiento de los propios. No obstante, resaltó que durante la última vigencia se recibieron distintas denuncias acerca de la ejecución de recursos públicos, específicamente de las instituciones educativas. 

“Las denuncias inclusive procedían de la misma Secretaría de Educación del departamento. Nos preocupa que los recursos de educación no se administren conforme a las normas establecidas por parte de nuestros rectores, eso es un punto de alerta de la próxima administración departamental”, indicó la contralora, quien añadió en ese sentido que se debe dar un mayor fortalecimiento de la capacitación y formación de los rectores de las instituciones educativas en el manejo correcto de los recursos públicos.

De otro lado, la funcionaria manifestó que la mayor preocupación en el Huila sigue siendo la ejecución de los recursos públicos. Una inadecuada exposición de pliegos de condiciones donde se permite que un solo contratista se presente, es uno de los daños generados al interior de algunas entidades. “Eso debe ser vigilado y revisado por la Procuraduría General de la Nación, en lo que nos compete, debemos revisar qué posibles daños surgen y los que se den frente al patrimonio público”, señaló al respecto la contralora.

Asimismo, se determinó la contratación pública como el primer problema en materia de daño al patrimonio público, pues no se ejecutan los contratos conforme fueron pactados en las cláusulas y aun así, se cancela. “Este problema lo resaltamos, como también otros que tienen que ver con ejecuciones contractuales; y en segundo lugar, el manejo presupuestal y de tesorería”, explicó.

Participación ciudadana

En este aspecto, el informe destacó el compromiso de la entidad con la ciudadanía, demostrando que efectivamente es esta quien se beneficia o afecta por el buen o mal manejo de un recurso público. “La Contraloría solo tiene 49 funcionarios y 132 sujetos de control unidos a las instituciones educativas del departamento, que se unen a través de las Secretarías de Hacienda, tanto del departamento como de los municipios, lo cual nos hace imposible llegar a todos los recursos públicos que se invierten, de forma que nuestro control es posterior y selectivo”, recalcó la funcionaria.

Un total de 313 quejas, denuncias o reclamos fueron recibidos en la vigencia en mención; 230 ya fueron terminadas, mientras que 83 se encuentran actualmente en trámite. “Resaltamos nuestro compromiso con la ciudadanía y la representamos buscando con ellos un acercamiento para que sean nuestros colaboradores y artífices de la determinación de los posibles daños al patrimonio público. Es la ciudadanía quien debe alertarnos a través de sus denuncias sobre hechos que puedan generar esos daños”, expresó la contralora.

Finalmente, Burbano Montenegro se mostró orgullosa y satisfecha con el desempeño del organismo territorial en el Huila, el cual ocupó el primer puesto en ser la contraloría departamental con menor índice de corrupción en el país. “Nuestra gestión ha sido reconocida al ser catalogada como la mejor contraloría con menor índice de corrupción en todo el país, lo que nos llena de orgullo y satisfacción puesto que esto es nuestro logo”, manifestó.