Condena por asesinato de concejal
El Tribunal Administrativo del Huila condenó al Estado por el asesinato de Joaquín Perdomo Rojas.
Hace unos días, después de 13 años se hizo justicia para la familia Perdomo, el Tribunal Administrativo del Huila condenó al Estado por el asesinato del concejal campoalegruno Joaquín Perdomo Rojas.
Lo cierto fue que se probó la negligencia del aparato del Estado en la protección del cabildante. Él había recibido amenazas, además había suplicado protección, pero ni fue escuchado ni fue protegido.
Ahora el Estado tendrá que pagar más de $92 millones de pesos por la muerte de este humilde servidor de Campoalegre.
La historia
Joaquín había sido elegido para ser concejal de Campoalegre para el periodo 2001-2003, ejercicio que se tornó difícil debido a la situación de orden público y a las Constantes amenazas contra su vida efectuadas por las Farc.
Es más, debido a las constantes presiones se vio en la obligación de presentar su carta de renuncia en dos oportunidades: la primera el cuatro de junio de 2002, y la segunda, el 10 de julio de ese mismo año. “La cual no le fue aceptada por el gobierno Departamental quien manifestó seguir instrucciones del Gobierno Nacional, invocándose razones de interés público, seguridad democrática y estabilidad de las instituciones, a pesar del grave e inminente peligro que ello acarreaba”, afirma la providencia.
Las solicitudes fueron desestimadas, razón por la cual tres meses después de su petición fue asesinado (un 18 de octubre). Su muerte se dio en la vereda El Esmero de este municipio cuando estaba en ejercicio de sus funciones.
La familia afectada
Por este crimen la familia de Joaquín decidió demandar al Estado por todos los daños morales y materiales que le propiciaron.
De esta forma, el 30 de julio de 2009 la justicia le dio la razón a la familia y amparó sus derechos.
Sin embargo, en la defensa el ministerio del Interior y de Justicia afirmó que a todos los gobernantes y cabildantes del país se les protegió a través del Decreto 1386 del 5 de julio de 2002, donde se dictaron medidas para “brindar protección a alcaldes, concejales y personeros municipales”.
Pese a esto, en segunda instancia no se revocó la decisión sino que se le terminó reconociendo los perjuicios morales a la familia: Hilda María Rojas (madres de Joaquín), y a Miller, Fanny, Wilson e Hilda Lucía Perdomo, sus hermanos.
El caso de Joaquín se suma a muchos actos violentos contra servidores públicos del país, actos cometidos por grupos al margen de la ley.
