Colombia solicitó oficialmente deportación de María del Pilar Hurtado
Así lo requirió la Fiscalía General de la Nación a la embajadora de Colombia en panamá.
Luego de que la Corte Suprema de Justicia de Panamá declarara inconstitucional el asilo político otorgado a María del Pilar Hurtado por el presidente de dicho país, Ricardo Martinelli en noviembre de 2010, el Gobierno de Colombia le apunta a la deportación para lograr tener en territorio nacional a la exdirectora del DAS lo más pronto posible.
Esta solicitud se hace con el fin de que Hurtado haga presencia en el proceso que se le adelanta en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. "Aunado lo anterior muy respetuosamente se solicita realizar las gestiones pertinentes tendientes a la deportación de la doctora Hurtado".
Por medio de un oficio remitido a la embajadora de Colombia en Panamá, Ángela María Benedetti, la fiscalía solicitó de manera oficial gestionar todos los trámites necesarios que puedan lograr la deportación de María del Pilar Hurtado. El documento fue enviado por el director de gestión internacional de la Fiscalía Francisco Echeverry, a quien el fiscal general delegó para conocer de primera mano cuál es la situación jurídica de la exfuncionaria, investigada por cuatro delitos en Colombia, según Caracol.com.
“Solicito su valiosa colaboración en el sentido de obtener copia del fallo emitido por la Corte Suprema de Panamá, mediante el cual se declaró inconstitucional el asilo a la doctora María del Pilar Hurtado y si dicha providencia es objeto de algún recurso”, señala uno de los párrafos centrales del documento enviado desde Colombia a la embajada del país vecino.
La exfuncionaria se cuenta asilada en panamá desde noviembre de 2010, cuando Martinelli, a través de un decreto, concedió el asilo político a la colombiana por una supuesta persecución política y judicial en su contra.
La justicia colombiana es la encargada de definir si María del Pilar Hurtado, participó y hasta qué grado, en el plan para desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia y para monitorear ilegalmente a miembros de la oposición del gobierno Uribe, magistrados de las altas cortes, periodistas y defensores de derechos humanos.
Hasta la fecha ya son 17 los exfuncionarios del DAS sancionados por las llamadas “chuzadas”, entre los que se encuentran Jorge Alberto Lagos, exjefe de contrainteligencia; Martha Leal, exsubdirectora de operaciones; y Fernando Tabares, exjefe de inteligencia. El expresidente Álvaro Uribe también tiene una investigación abierta por el mismo tema de las “chuzadas”.
