jueves, 11 de septiembre de 2025
Actualidad/ Creado el: 2014-03-24 03:39

Colombia no respondió ante CIDH por el caso Petro

En la audiencia de hoy convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH para tratar el régimen legal y prácticas institucionales para imponer restricciones a los de derechos políticos de las personas en Colombia, los representantes del Gobierno colombiano se levantaron de la mesa y abandonaron la audiencia.

Escrito por: Redacción Diario del Huila | marzo 24 de 2014

La audiencia del 150 Período de Sesiones de la CIDH fue programada en el salón Padilha Vidal con la presencia de Tracy Robinson, Presidenta de la CIDH, el Vicepresidente Primero, Comisionado Felipe González, y el Secretario Ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza y el Comisionado José de Jesús Orozco Henríquez.

En esta audiencia el Estado colombiano se levantó al manifestar que el tema lo tratarían más adelante y había solicitado posponerla, sobre todo lo correspondiente al caso del Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. La CIDH había expedido recomendaciones de medidas cautelares contra la destitución del exalcade que no fueron acatadas por el Gobierno Nacional.

Adriana Guillén, de la Oficina para la Defensa Jurídica del Estado, manifestó que el Estado, con mucho respeto, se reserva el derecho a presentar sus argumentos y posiciones en el marco de las etapas procesales, dentro de los tiempos establecidos, “Esto no obedece al otorgamiento de medidas cautelares, sino a la apertura de un caso individual”.

Para la presidente de la Comisión, Tracy Robinson, la audiencia era temática para abordar la situación de los derechos políticos en el país y no un caso particular. Pero Guillén puntualizó, “consideramos que la eventualidad de las condiciones jurídica que el estado exprese de manera general en esta audiencia puedan tener incidencia en el caso".

Sin embargo, la audiencia siguió en marcha con la presencia única de los peticionarios, representado en el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Minga, y La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Según los peticionarios no hay garantías políticas dadas las atribuciones con las que cuenta la Procuraduría para destituir a funcionarios de elección popular.