Colombia aspira erradicar las minas antipersona en seis años

No hay peor arma de guerra no convencional que las minas antipersona. Estos artefactos que la guerrilla ha sembrado inmisericordemente a lo largo y ancho del país, han dejado miles de personas muertas y mutiladas, entre las que se encuentran militares, campesinos y un significativo número de campesinos.

Las estadísticas del Gobierno indican que desde 1990 a la fecha las minas antipersona han dejado en el país unos 11.000 víctimas (muertos y heridos), lo que sitúa al país en el puesto once del mundo con mayor número de afectados por estas armas prohibidas por las normas internacionales.

El Gobierno trabaja, con el apoyo decidido de varias entidades internacionales, en un plan que busca eliminar de aquí al 2021, buena parte de las minas antipersona que han dejado estos casi 60 años de conflicto interno.

El general Rafael Colón, director del Programa Presidencial de Protección contra Minas, estuvo en las últimas horas en Cocorná, Antioquia, donde supervisó personalmente, acompañado de delegados de organizaciones internacionales, el proceso de desminado de un campo.

Colón, en diálogo con DIARIO DEL HUILA, reiteró que el país tiene toda la voluntad de adelantar este importante trabajo que se hace en beneficio de los colombianos y en cumplimiento de tratados internacionales a los que Colombia está suscrita.

“El Gobierno tiene toda la intensión y no está agotando esfuerzos, sin embargo hay una gran expectativa por lo que pueda pasar en La Habana, en el entendido que todo puede ser más fácil si se cuenta con el apoyo decidido de la guerrilla de las FARC, pues son ellos quienes han sembrado la mayoría de estos artefactos en sus zonas de injerencia”, dijo el alto oficial en diálogo telefónico con este medio de comunicación.

En la actualidad el programa contempla un plan de acción urgente para atender las emergencias que por minas antipersona se registran en el país, especialmente si las víctimas son campesinos de zonas apartadas.
"También tenemos un plan de más largo plazo, que es lograr que el país esté libre de minas antes del año 2021, que es la fecha para la cual Colombia firmó un acuerdo que obliga al Estado a que el territorio esté libre de minas", reiteró.
Y en ese afán por presentar resultados halagüeños a los intereses de todos los colombianos, Colón insiste en que "son bienvenidas todas las organizaciones que puedan ayudar en este propósito”, dijo.

Hoy Colombia cuenta con el apoyo directo y decidido de cinco organizaciones extranjeras que ya solicitaron la acreditación ante el Gobierno colombiano para participar en el desminado.

Junto a ellos el Ejército, la Armada y la Policía ya cuentan con personal experto, altamente capacitado, listo para iniciar la inspección de las zonas y el respectivo desminado de las mismas.

Según la estadística oficial, las minas han causado más de 11.000 víctimas, entre muertos y heridos desde 1990 en Colombia, lo que convierte al país en el tercero del mundo más afectado por este flagelo, después de Afganistán y Camboya. El Huila ocupa el puesto once en el país y Algeciras es el municipio donde más víctimas han dejado las minas en el Huila.

El proceso será largo y complicado en el entendido que ni la guerrilla ni el propio tiene mapas de los lugares que fueron sembrados con los artefactos. También preocupa que muchos de los autores intelectuales y materiales del minado país ya murieron, llevándose a la tumba el delicado y muy peligros secreto.

La delegación internacional, con 15 diplomáticos extranjeros acreditados ante las Naciones Unidas, estará hoy en Carmen de Viboral, también en Antioquia, donde vigilarán otro desminado. Posiblemente la otra semana se trasladarán a un municipio del Caquetá o el Huila, para hacer lo propio.

Algunas cifras

Los municipios de Algeciras y Colombia son los de mayor número de víctimas (lesiones y muertes) por minas antipersona en el departamento del Huila.

En Algeciras, en el periodo 1991-2011, se han reportado 57 afectados, 45 de ellos militares y 12 civiles. Le siguen Colombia, Baraya, Neiva, Tello y el municipio de Isnos.

Hace cuatro años pisó una mina antipersona que le arrebató el pie derecho y de paso lo conminó al destierro de su natal Guayabal, Caquetá.

La guerrilla no le perdonó que hubiera aceptado ayuda humanitaria del Ejército y lo desplazó, junto a su mamá y sus hermanos. Holmes hoy vive en Neiva, estudia en la Universidad Surcolombiana y el SENA y también apoya campañas contra las minas antipersona.

Holmes no cojea, no se lamenta, pero sobre todo, vive con el optimismo que quisiéramos ver en muchos jóvenes de su edad.

Pese a las adversidades, él sigue optimista, pendiente de una oportunidad que le permita tener la prótesis correcta para correr, un deporte que siempre anheló practicar.

Holmes Fabián Ordóñez Guependo tiene apenas 22 años de edad y ya completa en este octubre cinco años sin su extremidad, lo que no ha sido obstáculo para estudiar dos carreras y para tener la ilusión de casarse, tener hijos y llegar muy lejos.

Fue el 26 de octubre de 2010, en la inspección de Guayabal, jurisdicción de San Vicente del Caguán, Caquetá, donde su vida dio un giro radical.

“Yo me encontraba estudiando un técnico en sistemas de gestión ambiental en San Vicente. Por esos días estábamos adelantando el proyecto final que era el embellecimiento del pueblo (Guayabal), una zona muy afectada por la guerra.

“Entonces yo me dirigía a la parroquia del pueblo, eran como las 10:30 de la mañana, para hablar con el sacerdote que en ese momento nos estaba apoyando… creo que me faltaban como dos metros para llegar a la puerta de la casa cural, cuando pisé la mina”.

Las cifras

Según el Programa Presidencial contra Minas, un total de 141.751 colombianos han sido víctimas de las minas antipersona en los últimos 30 años y como el conflicto no ha terminado, es imposible determinar el número total de minas sembradas en Colombia. Pero un dato aproximado indica que de 1990 al 2014 se han registrado 30.000 accidentes con estos artefactos.

El Dato

Una cifra preocupante. De las 10.773 personas afectadas, 6621 son miembros de la Fuerza Pública, 4152 son civiles y de estos 1100 son menores de edad.