Aprobado Acto Legislativo para la Paz

Con 97 votos a favor y 17 en contra la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó ayer en último debate el Acto Legislativo para la Paz, la norma que busca implementar los acuerdos que se encuentran en negociación entre el Gobierno y las Farc en La Habana.

En él se consagra el último gran acuerdo conseguido en La Habana por las delegaciones de paz del Gobierno y las Farc, el cual establece la ruta que deberán tomar las leyes y reformas que exija lo pactado en la mesa de diálogos.

La más importante de ellas es la ley de aprobación del Acuerdo Final, en la que el texto del fin del conflicto se eleva a Acuerdo Especial en el marco del derecho internacional humanitario, de manera que se incorpore al ordenamiento jurídico del país.

La única novedad en este último debate se dio en el artículo 5° en el que se dejó claridad sobre la refrendación popular como requisito para que puedan activarse los mecanismos de implementación y blindaje de los acuerdos de paz de La Habana, previstos en el articulado de este proyecto de ley, presentado en el mes de septiembre del año 2015.

El artículo transitorio también contempla la creación de un "procedimiento de ley aprobatoria de Acuerdo Especial" a través del cual se deberá tramitar el acuerdo final de paz, una vez firmado y refrendado. El control constitucional relacionado con la aprobación de la ley aprobatoria del Acuerdo Especial, será único y automático, así como el relacionado con la implementación del Acuerdo Final mediante Leyes ordinarias o leyes estatutarias.

Con este proyecto de acto legislativo se pretende  dar las herramientas jurídicas al estado colombiano para implementar y blindar los acuerdos finales a los que se llegue en La Habana entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc.

Se prevé que las comisiones constitucionales y las plenarias de Senado y Cámara tramiten los proyectos de ley necesarios para desarrollar los acuerdos de paz en un trámite abreviado; los proyectos de ley sólo tendrán que ser aprobados en dos debates mientras que los actos legislativos sólo tendrán que surtir una vuelta de cuatro debates, con 8 días de diferencia entre las discusiones en comisión y plenaria. Todos estos proyectos serán objeto de control de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional. Todas las iniciativas serán de autoría exclusiva del gobierno y las modificaciones deben ser avaladas por el ejecutivo.

El texto del proyecto también propone otorgar facultades extraordinarias al Presidente de la República para que pueda expedir decretos con fuerza de ley, con el fin de garantizar los acuerdos finales. El Primer Mandatario tendrá estas facultades especiales dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigencia del acto legislativo y a la refrendación del acuerdo final. Las facultades extraordinarias no se podrán ejercer para decretar actos legislativos, leyes estatutarias, códigos o nuevos impuestos.

Durante los próximos 20 años, de acuerdo con el proyecto de acto legislativo, el Gobierno Nacional incluirá el plan de inversiones para la paz en el Plan Nacional de Desarrollo, con el fin de  garantizar inversiones en zonas afectadas por la violencia. Durante los seis meses siguientes a refrendarse el acuerdo final, las autoridades municipales y departamentales harán los ajustes necesarios a sus planes de desarrollo locales.

Los textos aprobados en Senado y Cámara deberán ser conciliados antes de poder integrarse al ordenamiento jurídico nacional.

Así mismo, se espera que después de refrendarse los acuerdo las autoridades departamentales, municipales del país realicen los ajustes que sean necesarios en sus planes de desarrollo en un corto plazo de seis meses.

Garantizar cumplimiento

El Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, explicó que el artículo cuarto del Acto Legislativo para la Paz que se aprobó, busca garantizar el cumplimiento del Acuerdo Final, por lo tanto cuando entre en vigor ingresará al bloque de constitucionalidad para ser tenido en cuenta en la implementación. 

Una derrota más para el uribismo

La decisión, que contó con el apoyo abrumador de la coalición de la Unidad Nacional, fue resistida de forma intensa por el Centro Democrático, que no logró tumbar en su última oportunidad la norma.

Primero, el uribismo propuso archivar el proyecto por considerarlo inconstitucional, pero la demanda fue rechazada por la mayoría de la Cámara. Luego, pidieron retirar 4 de los 5 artículos del proyecto, pero tampoco fueron aceptados.