Acuerdo con las FARC para culminación del conflicto se firmaría en marzo de 2016
Un histórico anuncio hizo ayer el presidente Juan Manuel Santos, tras reunirse en La Habana, Cuba, con el jefe máximo de ese grupo guerrillero Timoleón Jiménez, alias Timochenko. El encuentro también llevó a la firma del cuarto acuerdo sobre justicia transicional y puso fecha a lo que sería la firma del acuerdo que le pondrá fin al conflicto armado en Colombia. Según el mandatario colombiano, esta será el próximo 23 de marzo de 2016.
El Acuerdo Final que pondrá fin al conflicto armado que el Estado colombiano libra con las FARC será firmado el 23 de marzo de 2016. Sesenta días después, a más tardar, la agrupación comenzará a dejar las armas. Así lo anunció ayer el presidente Juan Manuel Santos tras la firma del cuarto acuerdo alcanzado en la Mesa de La Habana –víctimas– y reunirse con Timoleón Jiménez, jefe del Secretariado de esta agrupación guerrillera.
El mandatario, que llegó en la tarde de ayer a la capital cubana, fue recibido por el presidente de esa nación caribeña, Raúl Castro, y anunció el acuerdo luego en la lectura de una declaración conjunta con el jefe de las FARC, Timoleón Jiménez, conocido como Timochenko, acompañado por los miembros de los equipos negociadores de las partes.
El acuerdo alcanzado con las FARC logra que los delitos más graves y representativos cometidos en el contexto del conflicto armado no queden impunes, para lo cual se creará una Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que, con el fin de garantizar una paz duradera, “sigue los principios de justicia, respeto a la institucionalidad y al derecho nacional e internacional”, señaló el presidente Santos.
Esta jurisdicción garantizaría la satisfacción de los derechos de las víctimas, principalmente en lo concerniente al derecho a la justicia, así como los derechos a la verdad, a la reparación y a la no repetición. También da a las organizaciones de víctimas y de derechos humanos la posibilidad de intervenir para que se inicien los procesos judiciales y se sentencie a los responsables. Por otro lado, el jefe de Estado señaló de manera enfática que no se creará un sistema extrajudicial, y que por el contrario, la jurisdicción especial investigará, juzgará y sancionará a los responsables de delitos cometidos con ocasión del conflicto por medio de un tribunal con unas salas especializadas de justicia, integrado por magistrados de las más altas calidades.
Dentro de estos, señaló los crímenes de lesa humanidad, los graves crímenes de guerra, el secuestro, las ejecuciones extrajudiciales, el genocidio, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, la tortura, la violencia sexual o el reclutamiento forzado de menores. Según el primer mandatario, estos serán investigados, juzgados y sancionados por la nueva jurisdicción. “Yo sé que para los colombianos es muy importante que los responsables de los casos más graves y representativos reconozcan sus delitos y cuenten la verdad”, señaló.
Sanciones
Tras la firma del acuerdo, aquellos que no cumplan con dicho reconocimiento ante la justicia, con un componente de restricción efectiva de la libertad, y otro de restauración y reparación a las víctimas, tendrán sanciones de mínimo 5 años y máximo 8. Por su parte, aquellos que no reconozcan su responsabilidad por los delitos más graves, y por lo tanto sean hallados culpables, habrá penas de hasta 20 años. Al respecto, Santos indicó que de esta forma, la paz que conlleva la firma llegará sin impunidad. “Habremos cumplido con la difícil tarea de alcanzar el máximo de justicia que haga posible la paz”, expresó el mandatario.
Cabe resaltar, que el nuevo sistema no estará dirigido exclusivamente a las FARC, sino que también aquellas personas que participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado y cometieron delitos con ocasión de este podrán someterse a esta justicia transicional, incluyendo los agentes del Estado, especialmente los miembros de la fuerza pública. “No hay ninguna posibilidad de que haya un tratamiento especial de justicia para las Farc si no hay un tratamiento que puede ser diferenciado, pero simultáneo, equitativo y simétrico, para nuestros militares y policías”, declaró al respecto Santos. El acuerdo impide acogerse al nuevo sistema de justicia a quienes no hayan dejado previamente las armas.
“Se está creando un precedente mundial”
El presidente Santos resaltó que este acuerdo está creando un precedente mundial, pues es la primera vez que un gobierno y un grupo armado ilegal crean un sistema de rendición de cuentas ante un tribunal nacional por la comisión de crímenes internacionales y otros delitos graves.
De otro lado, el jefe de Estado colombiano, se refirió a los otros puntos pactados y garantizó su compromiso con estos para ponerlos en marcha, tales como reforma rural integral, apertura democrática, la solución al problema de las drogas ilícitas y la última decisión en torno a los acuerdos sobre víctimas.
El presidente resaltó los beneficios de la paz para Colombia en términos de equidad, educación, seguridad, empleo, turismo y medio ambiente, y recordó que, de cualquier manera, la última palabra la tendrán los colombianos: “Serán ustedes, a través de la refrendación popular, quienes decidan si aceptan los contenidos de este acuerdo”. Finalmente, agradeció el apoyo de los gobiernos de Cuba, Chile, Venezuela y Estados Unidos, de los juristas que trabajaron en la creación de la jurisdicción, y de los miembros de la delegación del Gobierno.
Así será la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)
Tras la firma del cuarto acuerdo de paz, se creará la Jurisdicción Especial para la Paz, la cual tendrá como objetivos esenciales satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, obtener verdad para la sociedad colombiana, contribuir a la reparación de las víctimas, contribuir a luchar contra la impunidad, otorgar seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado, contribuir al logro de una paz estable y duradera.
Asimismo, la JEP estará compuesta de Salas de Justicia y un Tribunal para la Paz; integrada por magistrados principalmente colombianos, sin perjuicio de una participación minoritaria de extranjeros. Dicho Tribunal para la Paz tendrá el deber de juzgar e imponer las sanciones, verificar las condiciones y modalidades de ejecución de la sanción y finalmente, supervisar y certificar el cumplimiento de la sentencia.
