25 años de la Constitución en su tránsito hacia la paz

Por: María Luisa Rodríguez Peñaranda,

profesora asociada, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales / Universidad Nacional de Colombia

El próximo 4 de julio, Colombia alcanza el primer cuarto de siglo de la expedición de la Constitución de 1991 en uno de los momentos más importantes de la historia nacional, como la eventual solución negociada del conflicto armado con las FARC.

Este doble acontecimiento supondrá nada menos que la verdadera finalización del largo siglo XX colombiano, pues culminará una era marcada por la lógica de confrontación armada.

Son varias las conquistas que se conmemoran con la Constitución, a saber, el énfasis en la dignidad humana, los controles y límites a los estados de excepción que permitieron superar la perversa normalización del estado de sitio. Asimismo, la pérdida de investidura para congresistas, el reconocimiento y protección de la diversidad cultural y el acceso al congreso de las minorías étnicas y afros mediante la circunscripciones especiales.

Además, la Corte Constitucional, principal órgano encargado de la guarda de la Carta Magna y la tutela, herramienta de defensa de los derechos fundamentales en sentido amplio, son parte de las valoradas instituciones, cuyo poder de transformación de la sociedad colombiana en sus relaciones con el Estado y entre los mismos particulares ha sido enorme.

Sin embargo, ante un nuevo escenario de posacuerdo, surgen al menos tres grandes desafíos constitucionales. El primero será lograr que ese nuevo pacto para la paz brinde las garantías que permitan la libre competencia por el acceso al poder, dentro de las reglas de la democracia, en igualdad para todos los partidos y movimientos que integran el amplio espectro ideológico existente, sin el recurso de la violencia.

Es urgente aprobar el estatuto de la oposición, consagrado en la Constitución de 1991, pero aún sin desarrollo legal. Este es considerado como la principal herramienta a disposición de los partidos por fuera del gobierno para ejercer la crítica, gozar de presencia mediática y constituirse en alternativa real de poder en el marco de una democracia que proporcione seguridad a todos los actores políticos.

Ciudadanos a expensas de la burocracia

Para el segundo desafío es importante tener en cuenta que la vocación de la Constitución ha sido promover los derechos y el litigio incluyente. De los derechos porque ha sido la primera en la historia del país que pretendió empoderar a las personas, independientemente de sus condiciones socioeconómicas, raciales, étnicas, etarias y de género, para darles voz y brindarles los recursos de exigibilidad de sus derechos fundamentales, plasmados en la norma suprema.

Respecto al litigio incluyente, para lograr la eficacia de tales derechos, las personas tienen que hacer uso de acciones constitucionales como la tutela y, de por lo menos, una decena de instrumentos por los cuales es posible reclamar ante los jueces el cumplimiento de esa promesa de salud, educación, vida digna, seguridad social y ambiente sano.

Sin duda hay un largo trecho entre la Constitución entregada por la Asamblea Nacional Constituyente y la actual, tras casi una cuarentena de reformas. Más que la modificación explícita de su contenido ha sido la grandísima labor impulsada por la Corte Constitucional y luego por la rama judicial, espacio donde la Carta Magna ha mostrado su maleabilidad para dar respuesta a los reclamos ciudadanos en aras de mejorar sus condiciones de vida, hacerla más vivible o, lo que es lo mismo, digna.

Empero, dado que los ciudadanos deben impulsar un proceso judicial para obtener lo que ya les pertenece, derechos reconocidos por la Constitución y la jurisprudencia constitucional, el efecto redistributivo de las decisiones es moderado, no llega a los que más lo necesitan, ni con la prontitud necesaria.

Además, una de las intenciones del establecimiento de un Estado Social de Derecho, como lo pretendió la constituyente de 1991, era dignificar a los ciudadanos. Así, pasamos a ser petentes (quienes interponen un derecho de petición), quejosos, actores, demandantes, lo cual no ha contribuido a la consecución de dicho objetivo. Por el contrario, nos arrodilla ante toda la cadena judicial, los despachos, la burocracia y la leguleyada.
Apuesta por la inclusión
La tercera gran promesa de la Constitución fue dejar sus ideales homogeneizadores sobre raza, lengua y creencias –población blanca o mestiza, castellana y católica–, que propiciaron la discriminación y exterminio contra aquellos que pretendieron conservar sus culturas ancestrales.

El pacto de 1991 pretendió saldar una deuda histórica, para ello, plasmó un reconocimiento explícito de la riqueza de la Nación, desde la diversidad cultural. Esto permitió identificar 87 pueblos indígenas y 67 lenguas ancestrales, determinar la propiedad colectiva de sus tierras, comprender que el derecho propio de cada uno de estos pueblos es parte del derecho nacional y, por tanto, deba ser aplicado y respetado para la supervivencia cultural de los mismos.

De igual modo, en los principales cuerpos de representación política, como el Congreso de la República, también se abogó por la participación y deliberación de los indígenas y afrodescendientes mediante una circunscripción especial.

Pese a los grandes progresos jurídicos, la realidad política del conflicto armado ha llevado al traste a una buena parte de los grandes logros jurídicos. De hecho, los actores del conflicto usan los territorios indígenas como tablero de juego de sus estrategias militares y de financiación, expulsan a los pueblos de sus territorios y se apropian de sus recursos mediante la minería legal e ilegal con la consecuente contaminación de las aguas.

Hasta la fecha no se ha tramitado la ley estatutaria de coordinación entre la jurisdicción ordinaria y la especial indígena. Paradójicamente, en el marco de la Constitución, que inspiró el estado multicultural y multinacional en la región, el riesgo de exterminio de los pueblos wayúu y nukak makú es mayor hoy día que un cuarto de siglo atrás.

Paz con equidad

Tras 25 años de intentar hacer efectivo el Estado Social mediante el litigio, queda definido que mientras el mercado, el Estado y la sociedad no establezcan un nuevo pacto económico armónico con la pretensión de igualdad real, que exhala tal presupuesto, los derechos sociales seguirán siendo posibles solo para algunos, aquellos que tengan los medios económicos y el tiempo para litigar.

Es importante comprender que la paz no se construye sin equidad y la lealtad a un nuevo pacto económico supone un compromiso importante con los derechos. Al respecto, el Estado debe asumir que los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales (Desca), como la salud y la educación, deben ser un compromiso por lo público.

El mayor desafío es la construcción de una nueva cultura política que suponga la aceptación real de la otra mitad del país, es decir la rural, la campesina, de escasos recursos. Además, debe facilitar los proyectos vitales diferenciados, que entienda que la paz no es una opción, sino el único destino posible para la realización de los derechos. En otras palabras, la paz también se erige con la Colombia que está por descubrir desde 1991.