“Me considero uno de los hombres más ricos del mundo”

¿Cuáles son los alcances del pronunciamiento de la Fiscalía que abre un juicio penal contra usted y dos personas más?

Lamentablemente eso afecta mi imagen, mi entorno y es incómodo, sin embargo, lo que sí puedo confirmar es que tenemos las explicaciones técnicas y legales para darlas en su momento. Confío en la justicia Divina y en la humana y por lo mismo estoy seguro que se va a aclarar todo.

¿Cómo se explica que el contrato en cuestión haya sido pactado por algo más de $1200 millones, sin embargo la Fiscalía habla de un presunto peculado que superaría los $4000 millones?

Esa es una de las grandes inconsistencias que hasta el momento no tienen explicación. Efectivamente el contrato fue por 1220 millones de pesos, de los cuales se contrató con el Hospital San Vicente de Paul una cifra cercana a los 250 millones de pesos, otra cifra similar con la ESE María Auxiliadora de Garzón y los otros servicios se contrataron en la ciudad de Neiva con la Clínica Mediláser, con el Hospital Universitario y con toda la red, para cumplir de esta forma y garantizada la prestación de los servicios de salud. Entonces esa es una cifra que no entendemos de dónde sale.

¿Si los recursos eran del Municipio de Garzón, por qué la Fiscalía le imputa a usted y a la entonces gerente de Mediláser el carácter de determinadores del presunto ilícito?

Tampoco es claro porque resulta que el señor fiscal argumenta que hubo un peculado y una celebración indebida de contratos. Pero hay que aclarar que estos contratos son ejecutados bajo una minuta que facilitaba el propio Ministerio de Salud y en eso ni el señor alcalde ni yo como representante legal de Cajasalud, los elaborábamos, esa fue una minuta y ese contrato se celebró en esos términos, de manera que no tiene ninguna justificación clara lo que nos están imputando.

Llama la atención en la providencia que el fiscal asegura que ese contrato fue anulado, es decir que no se habría prestado el servicio de salud a ningún huilense adscrito al régimen subsidiado durante el término del mismo. ¿Cómo se explica eso?

Esa es otra más de las imprecisiones que vamos a aclarar. Como se presentó la noticia por parte de la Fiscalía, pareciera que en el año 2003 y 2004 ninguna persona de Garzón se hubiera enfermado, que a ninguna se le prestó el servicio de hospitalización, a ninguna se le hizo cirugía, que no hubo nacimientos, ni partos por cesárea, es decir que nadie de Garzón buscó el servicio de salud durante este tiempo.

Obviamente que esto no fue así y en poder de nosotros están los soportes, las historias clínicas que confirman que los servicios sí se prestaron y por esto digo que tenemos todas las explicaciones a cada uno de los señalamientos que hace la Fiscalía.

El punto central de la providencia radica en la negativa de Comfamiliar que no contrató con la red pública el 50% de los servicios como lo indica una norma vigente. ¿Cuál fue el motivo para no hacerlo?

La norma establece que efectivamente se debe contratar con la red pública el 50 por ciento de los servicios en el municipio respectivo. Pero la norma también aclara que todo lo anterior siempre y cuando la entidad territorial cuente con la oferta pública que le permita prestar los servicios a financiar con dichos porcentajes.

Ahora, frente al caso puntual, tenemos la certeza que en el año 2003, en el municipio de Garzón, no existía la capacidad para la prestación de los servicios de tercero y cuarto nivel y por esto, obviamente, solo se contrató el primer nivel con la ESE María Auxiliadora; con el Hospital San Vicente de Paúl lo que tenía y podía prestar y lo demás no se pudo porque no tenían la capacidad, de manera que se contrató para prestar esos servicios de niveles 3 y 4 con la clínica Mediláser y con el Hospital Universitario de Neiva.

Dice la providencia que para la época de los hechos, Mediláser no era una entidad idónea, es decir que no estaba en capacidad de prestar esos servicios especializados. ¿Es eso cierto?

Claro que sí los podía prestar. Según la certificación expedida el día 25 de julio de 2002 y firmada por el señor secretario de Salud del momento, el doctor Alvino Castañeda Manchola, está la relación pormenorizada de todos los servicios que tenía habilitados la clínica Mediláser, lo que confirma que para la fecha ya era una empresa que estaba en condiciones suficientes para poder prestar los servicios de mediana y alta complejidad en la ciudad de Neiva.

¿Es verdad, como lo dijo recientemente un columnista de opinión que usted es uno de los más ricos de Colombia?

Yo en eso sí les digo que se quedan cortos. Yo me considero uno de los hombres más ricos del mundo. Y me considero rico porque soy una persona que goza de buena salud, que cuento con una familia extraordinaria, que tengo un buen trabajo, soy una persona que efectivamente ha podido hacer unos ahorros, lo que me permite sostener a mi familia. Y la mayor riqueza que tengo es la tranquilidad, la paz interior y una conciencia tranquila, estoy seguro que esa riqueza la tenemos pocos.

20 años en la Caja de Compensación. ¿Será que es eso lo que le incomoda a la gente y está llevando a que algunos –sus detractores- intenten sacarlo?

Yo escucho con frecuencia a algunas personas decir que llevó mucho tiempo en la Caja de Compensación, pero lo que no he encontrado es gente que critique con fundamentos los resultados de la Caja. Esta es una gestión de crecimiento permanente donde hemos venido aumentando la capacidad de respuesta a las necesidades de la gente que necesita los servicios de la Caja y por consiguiente lo que aquí cabe es que algunas personas del departamento del Huila no pueden aceptar el éxito ajeno. Eso parece ser una enfermedad que está afectando a muchos huilenses.

El ‘enredado’ pronunciamiento de la Fiscalía

El llamamiento a juicio realizado en los últimos días contra el director administrativo de la Caja de Compensación Familiar del Huila, Armando Ariza, así como contra la gerente de Mediláser, María Cristina Vargas, y el exalcalde de Garzón, Clodomiro Rivera, deja muchas dudas y la sensación de que quien proyectó la decisión no contó con todos los elementos para hacer la valoración.

La investigación nació por un contrato celebrado entre Comfamiliar del Huila y la Alcaldía de Garzón, cuyo objeto fue garantizar los servicios de atención en salud de a la población afiliada al régimen subsidiado, por un valor de 1220 millones de pesos, contrato pactado en el mes de abril de 2003.

Los inconvenientes iniciaron ante una auditoría de la Contraloría, que en su momento dijo que Comfamiliar del Huila había incurrido en una irregularidad al no haber contratado el 50 por ciento de los servicios de salud con la red pública, como lo establece la ley, compulsando además copias a la Fiscalía. Paradójicamente meses después la propia Contraloría aceptó los argumentos de Comfamiliar y archivó el proceso, lo que no sucedió con la Fiscalía.

El ente acusador efectivamente abordó la investigación, encontrando que Comfamiliar solo contrató el 41,02 por ciento con la red pública, razón que llevó al fiscal a declarar nulo el contrato (algo sin antecedentes) y a imputar un detrimento superior a los cuatro mil millones de pesos, cuando el contrato penas llegó a los 1220 millones de pesos.

Lo extraño es que en la providencia no se pone en duda la prestación de los servicios -que efectivamente se prestaron- es decir que el objeto del contrato sí se cumplió y que los 1200 millones de pesos en ningún momento se perdieron, ni siquiera estuvieron en riesgo de perderse.

 El sustento

Pero además el no haber contratado el 50% de los servicios con la red pública como lo estipula la Ley 715 de 2001 en su artículo 51, tiene su explicación, la misma que no tuvo en cuenta la Fiscalía y que en últimas es el pilar de toda la providencia que hoy ‘enreda’ a los llamados a juicio.

La Ley 715 además del porcentaje a contratar dice en uno de sus apartes: “…Todo lo anterior siempre y cuando la entidad territorial cuente con la oferta pública que le permita prestar los servicios a financiar con dichos porcentajes”.

Allí está todo el sustento. Para le fecha del contrato (2003) e inclusive ahora (2014) en el municipio de Garzón no opera ningún centro asistencial, ni privado ni mucho menos público, que esté autorizado y que cuente con la infraestructura para prestar servicios de nivel de complejidad tres y cuatro.

Como la obligación de la EPS, plasmada en el contrato, era garantizar una red prestadora de servicios, paralelamente Comfamiliar firmó un contrato con la clínica Mediláser para que atendiera a los afiliados de todo el departamento que remiten los municipios, incluido Garzón. Todos los pacientes que requirieran servicios de salud de segundo y tercer nivel fueron remitidos al Hospital Universitario o a Mediláser, como consta en las historias clínicas y demás soportes que Comfamiliar ahora presentará como sustento de su defensa.

Las cuentas extrañas de la Fiscalía

Ese contrato con Mediláser costó 2742 millones de pesos y cubría todo el departamento -incluido el municipio de Garzón- para prestar servicios en salud de segundo y tercer nivel. Para el cuarto nivel, que para la época no o tenía sino Mediláser y el Hospital Universitario Hernando Moncaleano, también fue firmado otro contrato por 608 millones de pesos, eso para atener cuidados intensivos y en general la medicina más especializada.

Aquí es donde están las cuentas extrañas que hace la Fiscalía. El Fiscal del caso declaró nulos esos contratos y para efectos de calcular el detrimento e imputar el delito de peculado, los suma.

Los 2742 millones de pesos que se le pagaron a Mediláser por la atención de todos los usuarios del departamento, más los $608 millones que se pagaron por los servicios de atención en el nivel de complejidad, más los $1221 millones y eso le da los $4571 millones que a juicio del fiscal es el peculado.

Aquí surge una pregunta: ¿si los ahora encartados se apropiaron de esos 4571 millones de pesos, quién y con qué recursos se atendió a la población del Huila durante ese año? O mejor, si la teoría del fiscal es válida, significa que durante ese año no fue atendido ningún paciente y que los recursos desaparecieron en su totalidad.

En resumidas cuentas para la Fiscalía durante el año del contrato no se enfermó nadie en Garzón, ni hubo cirugías, ni siquiera un parto asistido por médicos.

Mediláser sí estaba habilitada

La Fiscalía dice además que para la fecha en que se celebró el contrato, Mediláser no estaba habilitada para prestar servicios en Garzón, sin tener en cuenta que las entidades prestadoras de salud de segundo, tercero y cuarto nivel, se habilitan en forma regional y no necesitan estar habilitadas en cada municipio. El Hospital Universitario de Neiva presta el servicio de UCI en Neiva a todos los municipios y no es obligación (ni lo podría hacer) tener una UCI en cada municipio.

El HUN es un hospital departamental como lo es la clínica de Mediláser que es de cuarto nivel de complejidad y puede atender pacientes que le lleguen remitidos de Tolima, Caquetá, Putumayo, de donde sea.

Pero además existe el documento firmado por el secretario de Salud de la época donde se confirma que Mediláser está habilitada desde 1996. (Ver facsímil).

Otras imprecisiones

•  Nunca se dijo que el contrato se anuló, salvo en la providencia emitida por la Fiscalía. Para decretar la caducidad de un contrato debe mediar un proceso ordinario, indica la norma.

• Dice la providencia que el señor Clodomiro Rivera fue el interventor del contrato, algo que no fue cierto. Esa función la cumplió una cooperativa de trabajo.

•  Asegura el pronunciamiento de la Fiscalía que en su calidad de alcalde Clodomiro Rivera liquidó el contrato, cuando el que lo liquidó fue Álvaro Cuellar, el mandatario que lo sucedió en el cargo.

•  Dice la providencia que “y más grave que la IPS Mediláser, con posterioridad a la suscripción del contrato con la ESE para los niveles 3 y 4, subcontrata con aquellas IPS públicas y privadas que eran de la zona…”. En Garzón, para la fecha del contrato ni en la actualidad hay entidades que presten el servicio de 3 y 4 nivel de complejidad.