777 víctimas  del conflicto en Huila podrán acceder a indemnización priorizada

La Unidad para las Víctimas, Dirección Territorial Caquetá- Huila, en alianza con la Secretaría de Salud Departamental, la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas y la Defensoría del pueblo, realizaron una prueba Piloto exitosa en todo el departamento del Huila para la expedición de certificaciones de discapacidad a víctimas del conflicto armado.

Por ende, el trabajo articulado con las Secretarias de Salud Municipal, entidades prestadoras de salud, mesas de participación y enlaces de Víctimas locales, permitió que se tomaran en todo el departamento  2.300 solicitudes y  se expidieron 777 certificados.

Sandra Jhovana Bello Gutiérrez, directora territorial encargada de la Unidad para las Víctimas en Caquetá y Huila, explicó que “la alianza se desarrolló por iniciativa de la Unidad con el propósito de beneficiar a las víctimas del conflicto armado con discapacidad que al momento de conseguir el certificado de acreditación de su estado de salud, se encuentran con barreras de tipo administrativo, cobros del certificado, entre otras, que impiden obtener el documento como requisito para la priorización y posterior indemnización”.

La actividad se ejecutó en el marco de la resolución 1049 de 2019, que elimina barreras de acceso a las víctimas con discapacidad, enfermedades de tipo ruinoso o catastrófico y de alto costo; y prioriza a las personas con estas características para poder acceder al recurso económico como garantía de reparación integral.

Programa de inversión adecuada

Por otro lado, esta unidad en el 2019 le apostó al programa que pretende que los sobrevivientes del conflicto destinen de manera adecuada y sostenible los recursos de indemnización dispuestos por el Estado colombiano.

En ese sentido, durante el proceso de atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado, la Unidad para las Víctimas desarrolló el Programa de inversión adecuada de los recursos, del cual se beneficiaron 2.385 sobrevivientes en Caquetá y Huila a corte de noviembre de 2019.

El programa está directamente ligado al proceso de reparación económica y busca generar cambios a través de orientación personalizada y el acercamiento de las personas beneficiadas, a las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Snariv); con el propósito de hacer conciencia sobre la destinación de los recursos para el mejoramiento de su calidad de vida.

Entre las acciones que comprenden el proceso de orientación, dirigidas a quienes participan de la fase final de la ruta de indemnización, se encuentran los espacios de inclusión social y económica, las jornadas de orientación y asesoría a la inversión adecuada del recurso, el acercamiento a la oferta, los programas de acompañamiento con enfoque étnico y jornadas educativas.

“Durante todo el año, la Unidad en Huila y Caquetá ha acompañado paralelamente el proceso de entrega de indemnizaciones con jornadas pedagógicas interesantes para las víctimas del conflicto, en aras de la formación y el direccionamiento a la oferta institucional tanto de las entidades del Estado como de la empresa privada; con miras a una adecuada destinación del recurso, a la rehabilitación económica y a la no repetición de los hechos victimizantes”; afirmó Sandra Jhovana Bello Gutiérrez, directora territorial (e) de la Unidad.

La estrategia ha promovido la inyección de los recursos de indemnización al mercado local y regional; y en la mayoría de los casos también han acompañado el proceso de apoyo psicosocial para garantizar un acompañamiento integral.

Indígenas yanaconas avanzaron en su ruta de reparación colectiva

La Unidad para las Víctimas realizó una jornada de caracterización programada con el pueblo yanacona, en la cual trabajó con la población para determinar los daños que ocasionó el conflicto en sus proyectos de vida y tradiciones culturales.

Este encuentro contó con la presencia del resguardo Villa María de Ana Mú y los cabildos Yachai Wasi, Bajo Mirador y Santa Marta, este último proveniente del municipio de Santa Rosa, departamento del Cauca.

Lucy Anacona, integrante de la comunidad Yachai Wasi, ubicada en zona rural de Mocoa, exaltó la labor adelantada por parte de la Unidad con este pueblo étnico originario del Cauca, que por efecto del conflicto ha sido desplazado en varias regiones de Colombia.

“Aquí se hacen visibles las afectaciones que hemos vivido las familias de esta comunidad en el marco del conflicto, por parte de grupos armados y la fuerza pública en los lugares que hemos habitado. Muchas gracias a la Unidad por el acompañamiento, ilustración sobre el tema y gran labor realizada”, afirmó la mujer.

Luz Gómez, gobernadora del cabildo Bajo Mirador, por su parte, expresó expectativa por el proceso y el deseo de que exista un acuerdo con el cabildo mayor para avanzar en la ruta del Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC).

“Esperamos que este proceso se desarrolle y no quede estancado, que tenga una buena finalidad en la reparación colectiva en las comunidades que hemos sido afectadas por la ola de violencia y a pesar de todo hemos seguido fortaleciéndonos como pueblo yanacona”, aseguró.

De acuerdo con los documentos consolidados por cada uno de los grupos integrados por la Unidad y la comunidad, se destacaron varios hechos comunes entre los daños ocasionados por el conflicto a la población; son desplazamiento, revictimización, desaparición forzada y el reclutamiento de menores.

Esta caracterización de los daños quedó suscrita para cada pueblo, pues aunque pertenecen a la misma comunidad sus afectaciones son particulares. A nivel nacional, próximamente determinarán el proceso a seguir en la fase de formulación del PIRC, teniendo en cuenta que el pueblo yanacona lo conforman 31 comunidades.