1.444 candidatos ha inhabilitado el CNE para las elecciones

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Hernán Penagos, aseguró que hasta el momento esta entidad ha revocado la inscripción de 1. 444 candidatos a las elecciones del 27 de octubre por distintas inhabilidades e incompatibilidades.

Penagos destacó que de esos revocados, 670 estaban sancionados fiscal, penal y disciplinariamente. Aun sabiendo esto se presentaron para participar en la jornada electoral de administraciones locales.

Por esta razón, el  CNE pasó informe a la Fiscalía General de la Nación para que adelanten las investigaciones correspondientes debido a que a partir del 2018, a través de la Ley 1854 se convirtió en un delito inscribirse para participar en un cargo de elección popular teniendo una sanción  por parte de las autoridades.

Previamente, el  Gobierno Nacional les reclamó a los partidos políticos por no haber revisado los antecedentes e inhabilidades de sus candidatos a las elecciones locales en la ventanilla única del Ministerio del Interior, antes de darles su aval.

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, señaló que se hicieron 251.000 consultas en la ventanilla única del Ministerio del Interior, de las cuales 140.000 fueron alrededor de candidatos, que corresponden al 80% de los  estos. Lo que significa que 24.000 candidatos no fueron consultados en este mecanismo.

“Por algo el señor procurador de la Nación advirtió hace unos días al CNE que había candidatos que deberían ser revocados por cuenta de posibles inhabilidades e impedimentos. Muchos partidos avalaron candidatos que no pasaron por el análisis de la ventanilla única del Ministerio del Interior” dijo la Ministra.

Procuraduría denuncia trasteo de votos

Por su parte el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, advirtió que el porcentaje actual de trasteo de votos, que supera el 23%, es el más preocupante que en años anteriores y reveló que el organismo de control ha identificado cerca de 700 mil ciudadanos que se han prestado para la práctica de este delito electoral.

Carrillo Flórez indicó que la Procuraduría con una herramienta analítica propia cruzó la información de las cédulas con las bases de datos de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), y a la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza, y generó la alerta sobre los documentos de identidad que se inscribieron en el registro electoral, y que no corresponden a sus lugares de origen o de residencia.

“Nosotros hemos descubierto 700.000 cédulas contaminadas de trashumancia electoral. Eso, en lenguaje llano, significa trasteo de cédulas de ciudadanos que estaban en determinado municipio y se la llevaron a otro para cambiar el resultado electoral del 27 de octubre. Eso es un delito”.

Precisó que fue habilitado un canal exclusivo de denuncias, registro de amenazas y quejas por lenguaje estigmatizador, producto de un acuerdo con organizaciones de mujeres en todo el país.

Indicó que según los mapas de riesgo electoral se han priorizado acciones en los departamentos de: Antioquia, Nariño, Norte de Santander, Arauca, Bolívar, Cauca y Chocó.