¿Qué tan viable es regular la protesta social?

La propuesta presentada por el Senador conservador Juan Diego Gómez,  contiene los elementos suficientes para garantizar el derecho a movilizarse pacíficamente.

En el proyecto se establece cuáles son las obligaciones del Estado, de la Policía,  el Esmad y de los promotores de las protestas antes, durante y después de las mismas.

Manifestantes

Uno de los puntos fundamentales es que se prohibiría la presencia de encapuchados durante cualquier tipo de marcha.

El proyecto establece que: “No se permitirá la presencia de encapuchados o de personas que empleen cualquier mecanismo que impida su identificación en el desarrollo de la manifestación o en los comunicados que sirvan como medio de invitación a participar en marchas”.

Además, se establece que las personas que participan en la movilización, no podrán usar elementos contundentes para atentar contra la Fuerza Pública o el patrimonio público y privado.

“No se permitirá el uso de cualquier elemento que pueda ser empleado para atentar en contra de la integridad física de los miembros de la fuerza, terceros y el patrimonio público y/o privado. Su uso implicará la imposición de sanciones señaladas en la presente Ley”, indica el proyecto.

Igualmente, habrá lugares prohibidos a la hora de llevar a cabo una manifestación. “solo se podrá marchar o reunirse pacíficamente a una distancia de 500 metros de hospitales, centros de salud, puertos marítimos, fluviales, aeropuertos y bienes considerados como patrimonio cultural”.

Asimismo, los marchantes tampoco podrán grafitear los bienes de los colombianos. “Están prohibidos los grafitis o cualquier mecanismo para marcar, sobreponer, escribir, destruir, obstruir los bienes de carácter público y privado en ejercicio de la manifestación social en lugares no autorizados por el reglamento para el efecto”, añade el texto del proyecto.

Esmad y el Estado

Igualmente el proyecto reglamenta la norma constitucional que obliga al gobierno y al Estado colombiano a garantizar el buen desarrollo de la protesta pacífica en el país.

Sin embargo, le entrega algunas herramientas para proteger a los manifestantes y también a preservar la vida, honra y bienes de los colombianos que no participan en las marchas.

El Esmad, según la iniciativa, podría utilizar armas no letales para controlar a los violentos, incluidas las pistolas Táser. “El Esmad, la Policía Nacional y el Ejército Nacional deberán emplear equipamiento y armamento tales como pistolas eléctricas tipo Táser y las demás que permitan el control de los actos violentos sin afectar la integridad física de ningún interviniente. No podrán utilizar armas de fuego”.

Elementos que podrá utilizar la Fuerza Pública

-Una (1) ambulancia por cada trescientos (300) miembros de la fuerza pública que deban intervenir para recuperar el orden público.

-Un (1) equipo de bomberos contra incendio por cada quinientos (500) miembros de la fuerza pública que deban intervenir para recuperar el orden público.

Los integrantes del Esmad o de la Policía podrán, “cuando la jurisdicción territorial así lo permita”, dirigir a los manifestantes violentos y a los saboteadores de la manifestación social a lugares especializados de reclusión para iniciar la imposición de las sanciones correspondientes.

Las sanciones

Los organizadores de la protesta social que violen las restricciones contenidas en esta ley, podrían enfrentarse a tres tipos de castigos: Sanciones económicas, pedagógicas o pérdida de beneficios educativos.

Estarían expuestos a pagar multas que van desde los 5 hasta los 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

De igual forma, podrían ser obligados a prestar servicio social, a pedirle perdón a la ciudadanía por las faltas cometidas durante la manifestación, participar en campañas educativas y desarrollar actividades de limpieza en las calles y los bienes públicos afectados durante la protesta.

También, si se comprueba que los actos de vandalismo fueron protagonizados por estudiantes, podrían perder beneficios educativos adquiridos como créditos del Icetex, becas, entre otros.

El proyecto de ley también obligaría a los promotores de la protesta a adquirir una póliza de seguro especial que cubra la totalidad de los daños que eventualmente sean causados durante las marchas. También, se crearía un fondo especial para indemnizar, por una sola vez, a los comerciantes que resulten afectados por las movilizaciones sociales.

Sujeto a revisión

Para Gómez, quien admite que hay artículos polémicos, el proyecto no pasa de ser un borrador y aún está sujeto a revisión, por lo que se tiene previsto que de aquí a marzo del 2020, cuando será radicado se adelanten foros y encuentros con diferentes sectores para pulir una iniciativa conjunta. Incluso, sostiene que se estudian propuestas como prohibir el uso de arengas que inciten al odio. 

“El objetivo de este proyecto es pagar una deuda con el constituyente, limitar el poder del Estado y evitar la estigmatización de la protesta. Para eso trabajaremos en audiencias y foros. Todo está en discusión en búsqueda de saber cuáles son los parámetros y compromisos. Queremos que haya una ponderación de derechos: que se respete la protesta, pero que se garanticen los derechos de quienes no participan en ella” añadió.

Papás a pagar

La propuesta del dirigente político,  no es la única que proviene en tiempos de convulsión social. También esta semana, su copartidario en la Cámara, Jaime Felipe Lozada, radicó un proyecto de ley que, según él, busca “apretar el cinturón a los vándalos y encapuchados”. Se trata de una iniciativa que responsabilizará a los padres de familia de los daños patrimoniales o extra patrimoniales que puedan llegar a protagonizar  sus hijos.

Según Lozada, España es un referente en cuanto a este tipo de legislación. “Hace algunos años se aprobó esta ley y algunas cifras que  indican que después de aprobada se disminuyeron los hechos de violencia entre 30 % y 42%”, sostuvo. 

En otras palabras, de aprobarse este proyecto, los padres tendrán que “meterse la mano al bolsillo y pagar por los daños”. Las sanciones ascienden a los 50 salarios mínimos vigentes. A diferencia de la iniciativa de Gómez, el Representante a la Cámara sostiene que su propuesta no pretende regular la protesta social. “No lo puedo hacer, ni nadie puede. La manifestación es un derecho constitucional”. 

Si bien son dos proyectos distintos, coinciden en los castigos a los responsables de los perjuicios a los bienes públicos. Lozada le añadirá a su iniciativa la cancelación de la matrícula estudiantil, idea que, al igual que el proyecto de Gómez, complementa  la pérdida de beneficios en el Icetex o becas del Estado.

“Este es un proyecto que va a legitimar la protesta social, va a resaltar la marcha pacífica, la marcha cultural y musical, la marcha”, asegura el parlamentario. 

Opiniones

Al respecto consultamos la opinión de conocedores del tema desde el ámbito legal para conocer sus impresiones con respecto al tema que ya es de debate.
Óscar Huber Zúñiga, Personero de Neiva

“Debe necesariamente valorarse las oportunidades, si es oportuna o no abrir la discusión a este tipo de proyectos teniendo presente la coyuntura en la que nos encontramos con una protesta que ya va a completar 4 semanas, y podemos decir con tranquilidad que por lo menos en la historia reciente no habíamos tenido este tipo de protesta social…Yo me pregunto de manera objetiva: Será que el problema actual que se ha presentado entre las fisuras de la protesta social y la intervención del Esmad se resuelve con un tema de capuchas o se resuelve con un tema de bienes culturales o de uso de salud pública como lo plantea el proyecto, o incluso el de rayar o hacer grafitis en las paredes; si miramos con un sexto sentido muchas de las circunstancias que ahí se plantean ya están establecidas en el ordenamiento jurídico”.

Néstor Pérez Gasca, Abogado

“Lo primero a mencionar, es que la protesta, es un derecho fundamental, reconocido y protegido legal y constitucionalmente, establecido en el artículo 37 de la Constitución Política. Al ser un derecho fundamental el Estado, está en la obligación de garantizar que los ciudadanos puedan hacer uso legítimo de su derecho. El derecho a la protesta tiene dos condiciones esenciales: Ser pacífica y sin armas. Cualquier forma de violencia que se realice dentro de una manifestación puede ser sancionada por la autoridad. Considero que el proyecto de ley puede ser contraproducente en la medida que puede poner trabas al normal desarrollo de la protesta. La protesta pacífica está permitida, incluso está relacionada con otros derechos constitucionales como la libertad de expresión, la libertad de asociación, de locomoción, y el derecho a la participación. El Estado no tiene la facultad de coartar derechos fundamentales, ni la protesta ni la libre locomoción, por el contrario tiene el deber, de brindar garantías para que los manifestantes puedan hacerlo en paz, sin ver comprometida su integridad física”.

Hugo Tovar Marroquín, Abogado

“Esta sería una de las tantas leyes superfluas e inoficiosas que campean en nuestro firmamento legislativo. Cuanto más impotente y corrupto es el Estado, más leyes tiene. Lo que debe hacer el gobierno, es aplicar la Constitución y las leyes en cuanto consagran, de una parte, el legítimo derecho a la protesta y, de otra, el deber de hacer respetar la prevalencia de los derechos de la mayoría. En este momento, en Colombia hay una conspiración similar a la de Chile y Ecuador, orientada a debilitar y deponer el gobierno, para generar caos e inestabilidad. Es una estrategia de la izquierda radical. En lugar de regular la protesta, se debe es potenciar la Fuerza Pública para evitar violencia y vandalismo. Aquí y en cualquier parte del mundo, el poder se sustenta en la fuerza”.