“No hay ningún componente político, es un tema netamente técnico”: diputada Hernández a contralor

Frente a las acusaciones del contralor departamental, Amary Flórez Reino, sobre la presunta persecución política por parte de la presidenta de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Departamental, Sandra Hernández, debido al presupuesto que requiere el ente de control para la vigencia 2021, la diputada se refirió a los señalamientos del contralor e indicó que es un tema netamente técnico.

“Debo dejar claridad que aquí no hay ningún componente político, por el contrario, lo que se ha hecho dentro de la Comisión de Presupuesto en la Asamblea Departamental, es dar las garantías absolutas que correspondan al margen de la legalidad de ese traslado presupuestal”, sostuvo la diputada.

Cabe mencionar que, la plenaria de la Asamblea Departamental del Huila en la sesión llevada a cabo el día 16 de noviembre de 2020, manifiesta que el Gobierno Departamental en cabeza de la Secretaría de Hacienda Departamental radicó en la Corporación, el proyecto de ordenanza a la cual se le asignó el número 058, correspondiente al presupuesto de rentas y recursos de capital y ordenanza de apropiaciones para la vigencia fiscal del primero de enero al 31 de diciembre de 2021.


El contralor mediante comunicado expresó que hay persecución política por la no adición del presupuesto para la vigencia de 2021.

Dentro de dicho proyecto, se planea igualmente, el presupuesto de la Contraloría Departamental, el cual, por regla general, se debe fijar teniendo en cuenta los limites señalados en el Artículo 9 de la Ley 617 de 2000, en el que se establece que el ente territorial deberá girar al órgano de control un porcentaje del 3,2% de los Ingresos Corrientes de Libre Destino.

“El contralor departamental le hizo un requerimiento a la Secretaría de Hacienda y al señor gobernador, de que le adicionara $665.078.281 de acuerdo con un decreto modificatorio que presentó el presidente de la república, es decir el decreto 768 de 2020, el cual permite superar los topes de funcionamiento que están emitidos en la ley 617. Ahora bien, esos topes son permitidos para el ente territorial, pero en ese decreto no está la claridad absoluta de cuántos son los topes establecidos para los entes de control, razón por la cual nos deja una enorme duda jurídica y financiera para la Comisión de Presupuesto que la trasladamos a la Secretaría de Hacienda”, indicó Hernández.

Indicó que el pasado viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, estuvo reunida con la secretaria de Hacienda y todo su equipo técnico: el jefe de presupuesto, tesorero municipal, el abogado tributario y el jefe de gabinete, discutiendo si aprobaban o no, la adición presupuestal solicitada por el ente de control. 

Según la diputada, fue invitado a dicha reunión el contralor departamental, pero no pudo asistir porque no estaba en el departamento, no obstante, envío a dos delegados que al final nunca llegaron.

“Era tanta la duda que la secretaria el 4 de noviembre le envía una nota al doctor Luis Fernando Villota Quiñonez, subdirector de Fortalecimiento Institucional Territorial del Ministerio de Hacienda, solicitando el concepto de viabilidad jurídica para superar los topes de la 617 a favor de la Contraloría Departamental del Huila (respuesta que el ministerio no ha entregado), y eso nos permitía a nosotros decir que, básicamente podría ser un acto ilegal si ese informe del ministerio de Hacienda dice que nosotros no podríamos pasar esos recursos porque el departamento disminuyó la proyección de los ingresos corrientes de libre destino para el 2021 comparado con los de 2020, en cerca del 1.8% y el traslado presupuestal para la contraloría equivaldría un 5%”, contó Sandra Hernández.

En ese orden de ideas, la diputada expresó que tomaron la decisión de devolver los recursos a los fondos donde estaban los $518.120 millones, que inicialmente se aprobaron en el primer proyecto de ordenanza.

“Los $146.000 millones que los había sacado de la liberación de recursos del FONPER, se trasladaron nuevamente para Secretaría de Hacienda y provisionó una vez el ministerio responda al departamento que tiene absoluta viabilidad jurídica para poder superar los topes de traslado presupuestal a la Contraloría Departamental. La Gobernación del Huila hará el proyecto de ordenanza de adición presupuestal, dando tramite la Asamblea Departamental.

La diputa indicó que desconoce cuándo llegue el informe del Ministerio de Hacienda, sin embargo, no obstaculizará el funcionamiento de la Contraloría Departamental

“Porque a ellos se le apropiaron cerca de los $4.500 millones, los $600 millones que el Ministerio dice que son viables, nosotros lo podemos hacer en los 10 días que tenemos extras en el mes de diciembre o los primeros días de enero a los que, muy seguramente, el Gobierno nos tendrá que convocar a extras para estudiar el superávit. Ahí el proyecto de ordenanza se adicionaría sin ningún problema y no entorpecería el buen funcionamiento de fiscalización que tiene la Contraloría Departamental en cada uno de los territorios del departamento del Huila”.

Finalmente, precisó que, en su condición de presidenta de la Comisión de Presupuesto, a la fecha no le han comunicado ni notificado formalmente la vinculación a proceso de responsabilidad fiscal alguno, que se adelante en la Contraloría Departamental.

 “Ni tampoco auto de imputación de responsabilidad fiscal y mucho menos se ha proferido en su contra fallo con responsabilidad fiscal, por lo que su actuación en el trámite de discusión del proyecto de ordenanza número 058 se efectuado ajustado a derecho”, puntualizó.