¿Estado sólo pagará $24.000 millones por nulidad del contrato Ruta del Sol II?

$211.273 millones deberá pagar la ANI luego que el tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá, encargado de dirimir el pleito con la concesionaria Ruta del Sol 2, declarara ayer la nulidad del contrato, por las obras pendientes de giros del proyecto.

De esta suma, 187.000 millones de pesos están en un fideicomiso administrado por la Fiduciaria Corficolombiana, junto con los rendimientos que pueda producir hasta el momento el retiro, los cuales serán utilizados para pagar las deudas con terceros de buena fe, en los terminamos expuestos.

Esto  implica que el monto que deberá pagar la ANI, es decir, el Estado en este caso será de 24.273 millones de pesos. La columnista María Jimena Duzán había denunciado que la ministra de Transporte estaba “negociando” con los bancos involucrados en estas obras el pago de más de un billón de pesos.



Denuncia del senador Jorge Robledo sobre imprecisiones en el laudo arbitral.

Declarado nulo

Según informó El Tiempo, el contrato, que había sido liquidado, a raíz del escándalo de corrupción de la brasileña Odebrecht, socio mayoritario de la concesión, fue declarado nulo por el Tribunal, así como los otrosíes posteriores.

Esta decisión se tomó luego de cuatro años de que se abriera el caso en un tribunal de arbitramento en la Cámara de Comercio de Bogotá y después de dos años desde que se firmara el acuerdo para liquidar el contrato entre la ANI y la mencionada sociedad.

El laudo también señala que la ANI deberá pagar 24.217 millones de pesos a los terceros de buena fe que participaron en las obras, que alcanzaron un avance del 52 por ciento y que se encuentran suspendidas todavía.

Esta suma está incluida dentro del monto total definido de pagos, por 211.273 millones de pesos. Las pretensiones totales ascendían a 2,6 billones de pesos.

Cabe destacar que el tribunal declaró la nulidad de todos los contratos y los otrosí adheridos al caso (entre los años 2013 y 2016) y que este fallo no tiene apelación.



María Jimena Duzán fue la periodista que denunció que la ministra de Transporte estaba acordando con los bancos el pago de más de un billón de pesos del erario público.

Dudas de Robledo

Sin embargo, no todo es dicha. El senador Jorge Robledo, del Polo Democrático Alternativo se preguntó en su cuenta de Twitter: ¿Dejó el tribunal de arbitramento con Odebrecht-Aval las puertas abiertas para que los bancos del Grupo Aval reclamen $700.000 millones? El presidente del Tribunal debe explicarlo”.

La cláusula novena de la parte resolutiva de la decisión del Tribunal Arbitral de Concesionaria Ruta del Rol SAS contra la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) expresa que se fijó la suma de $211.273,4 millones como el “valor de los reconocimientos que la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI debe efectuar a favor de la Concesionaria Ruta del Sol SAS”.

En la cláusula undécima se indica que para ejecutar la decisión novena anterior se ordenó complementariamente a la ANI realizar el pago de $24.217,2 millones o “el saldo faltante que resulte luego de utilizados los recursos a los que se refiere la decisión Décima anterior”.

“Para ello, deberá igualmente direccionar los recursos hacia terceros de buena fe, en los precisos términos expuestos y en el orden estrictamente fijado en la parte motiva de esta providencia”, añade el documento.



Decisión del laudo arbitral en donde se indica el pago por parte de Invías.

¿Quién pagaría?

El senador Robledo sostiene que en el literal G de la decisión del Tribunal Arbitral se indica lo siguiente: “Dado que los recursos en dichas cuentas no alcanzan para atender las obligaciones financieras, para cubrir el pago de la totalidad de la suma que deba restituirse se deberá dar aplicación a lo dispuesto en el literal (ii) del parágrafo 1 del artículo 20 de la ley 1882 de 2018, de acuerdo con el cual: (ii) Si los recursos a los que se refiere el numeral (i) no fueren suficientes, la suma restante deberá ser consignada por la entidad estatal hasta en cinco (5) pagos anuales iguales, cuyo primer pago se efectuará a más tardar 540 días después de la fecha de liquidación”.

Esto daría a entender que si los recursos de la Fiduciaria Corficolombiana y los que aporte la ANI no son suficientes, el Estado deberá consignar el resto del dinero a los bancos que actuaron “de buena fe” en el proyecto. Serían unos $700.000 millones.

La periodista María Jimena Duzán, columnista de la Revista Semana y quien hizo pública la denuncia de los acuerdos bajo la mesa que estaban haciendo la ministra de Transporte y los bancos que prestaron el dinero para ese proyecto, expresó en su cuenta de Twitter que “La ministra Orozco que quería pagar 1,2 billones más, ahora celebra el Laudo que dice que el Estado sólo le debe pagar a la concesionaria 211.000 millones de pesos”.

Y añadió: “¿Y qué dice la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez sobre el laudo arbitral que dice que el Estado sólo le debe a la concesionaria Ruta del Sol  II $211.000 millones y no los 1,2 billones que querían entregarles a los bancos?”.

En el mismo documento se indica que si el dinero no es suficiente, el Estado deberá consignar el resto de los recursos.

Procuraduría celebró la decisión

La Procuraduría General de la Nación celebró la decisión del Tribunal de Arbitramento de Ruta del Sol 2 que, durante 3 años, analizó pretensiones económicas que Odebrecht presentó desde agosto de 2016 que ascendían a $798.000 millones y que en los dos últimos años incrementó a cerca de $3,8 billones.

El Tribunal determinó la nulidad absoluta por objeto y causas ilícitos del contrato de concesión N° 001 de 2010 y sus otrosíes, para la construcción del segundo sector del corredor vial Ruta del Sol. Esta decisión jurisdiccional reconoce que Odebrecht promovió graves actos de corrupción desde los orígenes del proyecto y hasta la terminación del contrato.

El fallo del Tribunal reconoció la posición de la Procuraduría General de la Nación que pidió la anulación del contrato, negando además reconocimientos económicos adicionales, toda vez que el fraude y la corrupción propiciada por esta multinacional no podía ser fuente jurídica de ningún derecho.

“Con este laudo y la condena por $800.000 millones que logró la Procuraduría General de la Nación en la acción popular que interpuso ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca queda claro que Colombia no es un paraíso fiscal para inversiones de corruptos. El laudo es una gran condena económica contra Odebrecht y la mayor sanción ética impuesta por un tribunal de justicia en América Latina. El laudo le dio la razón a la Procuraduría que todos estos años se opuso a que se le reconocieran multimillonarios pagos a esta multinacional de la corrupción”, aseguró el procurador Fernando Carrillo Flórez.

Esta decisión afianza la posición del Ministerio Público, que en días pasados le pidió a la Ministra de Transporte abstenerse de realizar pagos a terceros al margen del laudo arbitral, por lo tanto se hará una vigilancia especial para el estricto cumplimiento del laudo.

Espera la Procuraduría que con esta decisión, se abra un nuevo capítulo, para aplicar instrumentos transparentes en la ejecución de proyectos. “El país debe ser un referente internacional de transparencia en infraestructura”, concluyó Carrillo Flórez.