¿En qué va la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz?

La implementación legislativa e institucional de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP, considerada la columna vertebral del Acuerdo firmado hace un año entre el Gobierno Nacional y las FARC apenas alcanza un 10% y su aprobación y reglamentación definitiva está en peligro por una creciente oposición política en el Congreso de la República y un ambiente hostil construido a partir de falsedades o de verdades a medias; así lo reveló informe del Observatorio de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz –OIAP.

La JEP hace parte del sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición incluido en el punto cinco del acuerdo final. Este sistema acordado es reconocido en el mundo como un ejemplo de justicia transicional desde el reconocimiento de los derechos de las víctimas y el derecho universal a la paz y a la vida.

Si estos preceptos de verdad, justicia y reparación se cumplen y quienes firmaron el acuerdo aseguran que no habrá repetición, entonces será posible avanzar en la construcción de una paz estable y duradera.

Sin embargo, la implementación avanza de manera lenta y tortuosa y el escenario político se hace más difícil en la medida en que se acercan las elecciones para congreso y presidencia y en momentos en que la coalición de gobierno se disuelve.

Los nuevos opositores de la implementación de la JEP, cuestionan la composición del Tribunal para la paz, piden preservar la autonomía e independencia de la justicia ordinaria y advierten que es una herramienta para vincular a terceros que no han hecho parte de los grupos armados.

“Acuerdo de impunidad”

Se volvió un común afirmar que la paz con las FARC genera impunidad, lo que no solo no es cierto sino que parte de la premisa falsa de que antes no había impunidad. Justamente la impunidad ha sido una característica de la guerra y las cifras lo demuestran: 53 años de conflicto armado dejan un saldo de ocho millones de víctimas y una impunidad que ronda el 98%. Aun así, en el momento de la firma del acuerdo se identificaron en las cárceles entre 3.000 y 3.800 personas integrantes de las FARC y, por lo menos, 1.000 militares en centros especiales de detención, acusados, sindicados o condenados por delitos cometidos con ocasión del conflicto armado.

Avances

Según el informe, la implementación del sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición, ha avanzado principalmente en las reglamentaciones normativas; y en la selección y escogencia de los magistrados de la JEP y de la directora de la unidad de búsqueda para personas desaparecidas. Pero  las medidas de reparación y de garantías de no repetición presentan mínimo desarrollo.  

El pasado 26 de septiembre se dio a conocer un listado de 51 seleccionados para  magistrados de la JEP y la directora de la Unidad de Búsqueda.  Actualmente el Comité de Escogencia trabaja en la selección de los miembros de la Comisión de la Verdad, de los juristas expertos extranjeros que actuarán como amicus curiae   y del director de la Unidad de la Fiscalía encargada de la investigación de organizaciones criminales.

En cuanto a las medidas de reparación se destacan los actos tempranos de perdón públicos por parte de las FARC con las víctimas de Bojayá y con los familiares de los diputados del Valle del Cauca así como las actividades de desminado humanitario.

Justicia transicional y restaurativa

La Jurisdicción Especial para la Paz consiste en un modelo de Justicia diferente, transicional, propio de sociedades que se transforman después de una guerra que generó violación de derechos y que para reconciliarse optan por una Justicia distinta a la existente que garantice la verdad de lo ocurrido y que promueva iniciativas de paz, de reconciliación y democracia. Así pues, cada país y cada momento histórico serán determinados por una expresión de justicia transicional.

A estas particularidades se suma que Colombia es el primer país que contempla un proceso de paz y una justicia transicional bajo el esquema de la Corte Penal Internacional, lo que le exige la responsabilidad de investigar y enjuiciar los crímenes graves contra la humanidad, cumpliendo con los requisitos y con el propósito de lograr a la vez paz y una justicia, en lo que se ha planteado como un equilibrio entre la seguridad jurídica y la satisfacción de las víctimas y de la sociedad, asegurando que los responsables de los crímenes más graves no queden impunes.

Intervenciones extranjeras

En virtud del Estatuto de Roma, si la Corte Penal Internacional considera que no se están realizando acciones genuinas para perseguir y enjuiciar a los individuos responsables de los casos más graves, tendrá la potestad de investigar los delitos cometidos por todas las partes intervinientes en el conflicto, incluso el mismo Estado.

Esta particularidad histórica ha hecho que la legislación y reglamentación de la Jurisdicción Especial haya sido objeto de seguimiento de la Corte Penal Internacional.

La JEP no tiene precedentes en otros conflictos internacionales, es una construcción propia adaptada al contexto colombiano. Además, como ya se dijo,  la Justicia Restaurativa bajo la cual se enmarca, implica la creación de un procedimiento a través del acercamiento de la víctima con el victimario en busca de soluciones a los conflictos penales en base a acuerdos.

 Retos: El camino crítico de la JEP

Según el documento de la OIAP, la JEP no garantiza una amnistía general, que es imposible a la luz del Tribunal Penal Internacional, pero tampoco asegura castigo para todos los responsables de graves delitos en el marco del conflicto armado, que ha sido imposible en la justicia ordinaria, de la justicia penal militar y de la jurisdicción de justicia y paz.

Asimismo, indica que en el espíritu del Acuerdo Final, las personas que dejaron las armas y pudieron estar inmersas en delitos no amnistiables (crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad), pueden ejercer sus derechos políticos a elegir y ser elegidos y será la JEP la que determine su comparecencia en el Tribunal de Paz, las condenas y las formas de restricción de la libertad. No es claro cómo ejercer simultáneamente cargos de elección popular y las restricciones propias de la justicia restaurativa.

Advierte que si el Congreso no aprueba la JEP, (por oposición mayoritaria o por ausentismo), o modifica en sentido contrario el espíritu del Acuerdo se puede presentar una situación difícil para la implementación del Acuerdo en un asunto sensible como la justicia transicional.

En el espíritu del Acuerdo el Congreso debe legislar sobre la forma de ejercer de manera simultánea el derecho político a ser elegido por parte de quienes dejaron las armas y se someten a la JEP y la forma de cumplir las penas.

El presidente de la República puede acudir a la declaratoria de la conmoción interior como última instancia para preservar la paz como derecho supremo y garantizar la implementación del Acuerdo en temas tan sensibles como la JEP, la Reforma Política y la Reforma Rural Integral en caso de que el Congreso no cumpla con la responsabilidad constitucional de implementar el Acuerdo.

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OIAP

El Observatorio de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz es una iniciativa ciudadana independiente que mide el grado de cumplimiento de los seis puntos y los anexos pactados el 24 de noviembre, a partir de las normas expedidas y su control constitucional, la identificación del marco institucional para la implementación, la disponibilidad presupuestal para su funcionamiento, territorialización de la implementación e impactos.
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La JEP gastó 3,7 millones de dólares en un año

La Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que se creó tras el acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC para juzgar los más graves delitos cometidos durante el conflicto armado, informó que recibió el año pasado donaciones por 4,7 millones de dólares por parte de siete países y gastó en su funcionamiento 3,7 millones de dólares.

El dinero, explicó el organismo en un comunicado, se utilizó en la administración y operación de este componente judicial del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición acordado en el texto que firmaron en noviembre de 2016 entre las partes.
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Avances del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.





Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y garantías de No Repetición.



Así está conformada la JEP.