¿En qué no avanza Acuerdo de Paz con las FARC?

La OIAP en su informe “La paz en deuda”, describió lo que se ha logrado y lo que aún hace falta en el primer año de ejecución del Acuerdo Final para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera, y los subsiguientes mecanismos adoptados para asegurar su cumplimiento,  acudiendo a un método de medición porcentual según las normas expedidas para la implementación de cada punto del mismo.

Dicha entidad, hizo un seguimiento que permitió conocer en tiempo real la aprobación de las leyes, decretos, actos legislativos, directivas y demás normas adoptadas por el Estado en cumplimiento del acuerdo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - FARC, y lo que se debe hacer durante los siguientes tres periodos presidenciales.

Según el documento, «el Estado tiene la obligación de hacer las reformas que se requieren para ofrecer protección y garantías de seguridad a las personas que se reincorporan, permitir su participación política, hacer realidad los derechos de las víctimas, redistribuir la tierra, mejorar las condiciones de vida de comunidades marginadas y superar el problema de las drogas».

Dificultades y logros  

El informe revela que los avances en la implementación son más contundentes cuando tienen relación con la “terminación del conflicto armado” que con la “construcción de una paz estable y duradera”.

Asimismo, indica que las principales dificultades tienen que ver con la resistencia en el Congreso para reformar la constitución y las leyes en función del cumplimiento de lo acordado y, en algunos casos, los intentos por cambiar o revertir  lo ya estipulado. Además señala que la sociedad colombiana no logra un pacto político para hacer la paz y sigue dividida a pesar de que las partes contendientes sí están cumpliendo, por lo menos en lo que tienen que ver con el fin a la guerra.

Además, advierte que la implementación va a depender de los resultados de las elecciones de Congreso y Presidencia del año 2018.

Reforma Rural Integral y el control en las drogas ilícitas

La OIAP subraya la importancia de los puntos uno y cuatro. Advierte que  de su  cumplimiento depende la paz estable y duradera, toda vez que la Reforma Rural Integral y la sustitución de cultivos de uso ilícito constituyen la esencia del acuerdo en la ruralidad colombiana.

Es importante recordar que el primer punto sobre Reforma Rural Integral fue concebido para «la transformación estructural, cerrando las brechas entre el campo y la ciudad y creando condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural». Establece que debe integrar las regiones, contribuir a erradicar la pobreza, promover la igualdad y asegurar el pleno disfrute de los derechos de la ciudadanía, no obstante, el informe reveló que Este es el más crítico por el retraso que presenta en la implementación legislativa.

El Observatorio de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo, manifiesta que un año después de la firma del Acuerdo que le puso fin al conflicto armado no hay avances legislativos en asuntos como el acceso y formalización de la tierra.

Es decir, la constitución del Fondo de Tierras con tres millones de hectáreas, la formalización de la propiedad de 7 millones de hectáreas, la realización del catastro multipropósito, la Jurisdicción Agraria, y el Registro de Sujetos de Ordenamiento Social, es débil. Así mismo, la implementación de los Planes Nacionales y la puesta en marcha de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial concebidos para hacer realidad la transformación del campo colombiano, es muy precaria.

Integralidad necesaria

En ese sentido, la entidad explica que la integralidad de los puntos uno y cuatro es indispensable. Dado que, por ejemplo, no es posible sustituir eficazmente cultivos de uso ilícito (punto 4 del Acuerdo) sin asumir la transformación estructural del campo, las iniciativas para cerrar las brechas entre campo y ciudad y la creación de condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural en las zonas más afectadas por el conflicto que contempla el punto 1 del Acuerdo.

En este último, el mayor esfuerzo del Gobierno se centra en el Programa de Sustitución de Cultivos cuya implementación en términos normativos e institucionales alcanza un 20%, mientras que los programas acordados para solucionar los problemas de producción y comercialización de narcóticos (narcotráfico) y de prevención y tratamiento de salud pública al consumo de drogas marcan un 0%.

¿Futuro incierto?

Por lo anterior, según el documento, las propias comunidades han advertido que la estrategia puede fracasar si no se cumplen los planes y programas de reforma rural integral que permitan a los cultivadores no volver a sembrar después de sustituir o erradicar los cultivos, y si no es efectiva la presencia social del Estado en las zonas que antes estaban controladas por las FARC y que ahora son copadas por nuevos actores armados.

Puntualiza diciendo que el Estado y la guerrilla firmaron el fin de la guerra pero la sociedad colombiana aún no encuentra en camino de un pacto nacional para transitar hacia la paz.